Comunidades indígenas de CDMX buscan que sus demandas queden en la nueva Ley General de Derechos
Organizaciones y representantes de comunidades indígenas de la Ciudad de México buscan que sus necesidades y demandas sean incorporadas a la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, derivada de la reforma constitucional de 2024.
Para ello, realizarán este 18 de agosto una asamblea en el Colegio de San Ildefonso, como parte del proceso de consulta de la iniciativa, que contempla la realización de 82 foros en distintas partes del país.
En la Ciudad de México, el encuentro se dividirá en seis mesas temáticas para discutir problemáticas específicas de las comunidades: vivienda, justicia, trabajo, mujeres, derechos lingüísticos y pueblos indígenas en contextos urbanos.
Uno de los principales objetivos de las organizaciones es que los planteamientos y resolutivos que surjan de la asamblea sean tomados en cuenta en la construcción de la legislación y que las autoridades respeten el principio de progresividad de los derechos.
Entre las instituciones involucradas en este proceso se encuentran la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, la Consejería Jurídica y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Piden reconocimiento para comunidades urbanas
Uno de los principales reclamos de las organizaciones es la situación de las comunidades indígenas que viven en contextos urbanos, particularmente aquellas que, aseguran, no están incluidas en el catálogo del INPI.
Esta situación, señalaron, representa un obstáculo para acceder a recursos públicos de manera directa y a programas como los destinados a vivienda.
Las comunidades también cuestionaron la redacción de algunos apartados de la propuesta de ley, especialmente aquellos que condicionan la garantía de derechos a expresiones como “de acuerdo con la suficiencia presupuestaria” o que establecen que una autoridad “procurará” realizar determinada acción, en lugar de señalar que “deberá” hacerlo.
Para los representantes, este tipo de términos puede limitar la exigibilidad de los derechos reconocidos en la legislación.
Vivienda y trabajo, entre las principales preocupaciones
El acceso a la vivienda es otro de los problemas que serán abordados durante la asamblea. Las organizaciones señalaron que el incremento en el precio del suelo después del sismo de 2017 ha dificultado que las familias indígenas puedan acceder a vivienda de interés social.
De acuerdo con los representantes, el precio del metro cuadrado pasó de aproximadamente 5 mil a 35 mil pesos, lo que ha reducido las posibilidades de acceder a una vivienda en distintas zonas de la capital.
En materia laboral, las comunidades también plantearán la necesidad de generar condiciones para el reconocimiento y ordenamiento del comercio, una de las principales actividades económicas entre la población indígena que reside en la ciudad.
A estos problemas se suman las demandas relacionadas con el acceso a la justicia, la preservación de las lenguas indígenas y las condiciones particulares que enfrentan las mujeres de estas comunidades.
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Una población diversa en la capital
La discusión sobre la nueva ley ocurre en una ciudad donde cientos de miles de personas se reconocen como indígenas.
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, alrededor de 825 mil personas en la Ciudad de México se autoidentificaron como indígenas, mientras que aproximadamente 125 mil personas de tres años y más hablaban alguna lengua indígena.
En la capital tienen presencia pueblos como nahuas, mazatecos, mazahuas, otomíes, triquis, huastecos y tlapanecos, distribuidos en distintas zonas de la ciudad, principalmente en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Xochimilco.
Para las organizaciones, la consulta representa una oportunidad para que la legislación federal reconozca las condiciones específicas de quienes mantienen sus identidades, lenguas y formas de organización dentro de una de las ciudades más urbanizadas del país.
La asamblea de este martes buscará reunir estas propuestas y convertirlas en planteamientos que puedan incorporarse al proceso de discusión de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Sandra Rojas es periodista y licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con ocho años de trayectoria. En 2025 Obtuvo el primer lugar de la cuarta edición del Premio de Periodismo Contar(nos) por Decisiones robadas, un reportaje sobre las esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad en México, realizado en el marco de la beca #CambiaLaHistoria de DW Akademie y Alharaca, en 2024. Su trabajo está orientado a los derechos humanos y la justicia social. Cree en el periodismo como un acto de acompañamiento y en las palabras como una forma de reparación.
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