La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Segobierno), encabezada por César Cravioto, recibió por parte de diputados locales de Morena, casos sobre problemáticas inmobiliarias inicialmente denunciadas como despojos para atenderlos.
La bancada guinda en el Congreso capitalino, afirmó que las personas afectadas por los mencionados casos fueron atendidas el pasado 10 agosto por el director General Jurídico y Enlace Legislativo de Segobierno, Jesús Salazar Velázquez, luego del acompañamiento que les dieron los legisladores Xóchitl Bravo y Paulo García.
Lo anterior habría ocurrido en seguimiento a las mesas de atención instaladas con vecinos de la alcaldía Benito Juárez, luego de que presuntos despojos denunciados públicamente en esta demarcación causaron atención política y mediática, sin embargo, el grupo parlamentario acotó que los hechos de estos asuntos no encuadran dentro de lo que la ley considera para que se dé este delito, sino que representan otras prácticas por las que se busca privar a las víctimas de propiedades o posesiones de predios.
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“Este acompañamiento da continuidad al trabajo territorial que la bancada de Morena ha realizado en las últimas semanas, luego de que las mesas de asesoría jurídica identificaran casos que, si bien no se tipifican como despojo, sí representan otras formas de afectación al patrimonio de las familias, como el fraude procesal, la simulación de juicios y actos jurídicos utilizados para despojar a las personas de sus propiedades bajo una apariencia de legalidad”, explicó la bancada en un comunicado.
Cabe señalar que hace unos días, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, advirtieron que en una gran mayoría de los casos inicialmente denunciados como despojos se descarta el delito como tal, pues muchos de los hechos encuadran en conflictos entre particulares que civil y no penalmente pelean la posesión de algún predio.
Ante el fenómeno de despojos que causó atención en los últimos días, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la semana pasada que se abrirá una unidad específica para sancionar a posibles servidores públicos vinculados con este ilícito, la cual esté subordinada a la Secretaría de la Contraloría General, actualmente encabezada por Nashieli Ramírez.
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