Crean unidad vs servidores vinculados a despojos
El Gobierno capitalino anunció un equipo especial dentro de la Contraloría General para investigar posibles actos de corrupción, colusión o complicidad de funcionarios en casos de despojo de inmuebles.
El Gobierno de la Ciudad de México abrirá una unidad específica para sancionar a posibles servidores públicos vinculados con despojos, como parte de una estrategia integral contra este delito que causó reciente atención mediática y política.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reveló en conferencia de prensa que esta área estará subordinada a la Secretaría de la Contraloría General, actualmente encabezada por Nashieli Ramírez Hernández, y tendrá como encomienda la investigación y en su caso sanción a servidores públicos, por ser cómplices o tener alguna participación en cuanto a la comisión de este ilícito.
“Crearemos un equipo especial de control interno, auditoría y honestidad, para los casos de despojo, adscrito a la Contraloría, encargado de investigar, auditar y sancionar, cualquier posible acto de corrupción, colusión o complicidad, de personas servidoras públicas, que faciliten o encubran este delito”, declaró.
La funcionaria aprovechó el momento para advertir a miembros de la burocracia capitalina, que en caso de ser sorprendidos aprovechando su cargo para cometer despojos se procederá en su contra con todo el peso de la ley.
“Ninguna red de despojo puede operar con protección institucional. Tenemos una política de cero tolerancia a la corrupción. Quien traicione la confianza ciudadana y utilice el servicio público para despojar a una familia de su patrimonio, enfrentará todo el peso de la ley”, apuntó.
Cabe señalar que la medida forma parte de un plan integral contra este crimen, el cual entre otras cosas también incluye una coordinación interinstitucional para que las presuntas víctimas por este delito, sean atendidas inmediatamente por las autoridades capitalinas, y que en caso de confirmarse la comisión del delito, el inmueble objeto del despojo sea restituida a sus legítimos poseedores en máximo 15 días, y en 30 las investigaciones penales sean judicializadas.
Durante el encuentro con medios de comunicación, la mandataria local y su gabinete acotaron que de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM), la incidencia de este delito no ha aumentado sino que se ha mantenido en los últimos tres años, con un promedio de nueve denuncias diarias.
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Acotaron junto con la titular de la FGJCM, Bertha Alcalde, que en una gran mayoría de los casos se descarta que se traten de despojos, sino de conflictos entre particulares que civilmente pelean por la posesión de algún inmueble.
Como respaldo a lo anterior, ejemplificaron que de los mil 32 casos dictaminados por el Gabinete contra Despojos del Gobierno capitalino, solo en 388 se confirmó la comisión de este delito penado con hasta 22 años de prisión.
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