Fiscalía capitalina reconoce omisiones en caso de joven desaparecido con discapacidad
Errores institucionales, falta de coordinación y negligencia en la identificación mantuvieron a su familia en búsqueda durante meses pese a que el cuerpo ya había sido localizado.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ofreció este 6 de mayo una disculpa pública a la familia de Julio César Cervantes Cabañas, un joven con discapacidad intelectual cuya búsqueda estuvo marcada por omisiones que derivaron en lo que expertos denominan una “desaparición administrativa”.
Julio César desapareció el 20 de septiembre de 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón. Aunque sus padres, Juana Laura Cabañas y Leobardo Leopoldo Cervantes, informaron desde el primer momento sobre su discapacidad, las autoridades ignoraron esta condición y omitieron aplicar un enfoque de búsqueda diferenciado.
Durante el acto, su madre, Laura Cabañas, relató el dolor de recorrer el país en busca de su hijo mientras la institución responsable fallaba en su labor.
“Tuve que viajar por todo el país buscando a mi hijo… mi hijo era más que una carpeta de investigación o un expediente de búsqueda. Julio César era una persona con discapacidad que, como cualquier otro, tenía sueños y anhelos”.
La “desaparición administrativa”
El caso dio un giro devastador cuando se reveló que el cuerpo de Julio César fue localizado en enero de 2024. Sin embargo, debido a la falta de coordinación interna en la Fiscalía, la familia no fue notificada sino hasta noviembre del mismo año, casi diez meses después del hallazgo.
Durante ese tiempo, los restos del joven fueron donados a una institución académica sin el consentimiento de sus familiares. El abogado de las víctimas, Michel Cervantes Padilla, calificó este hecho como una segunda desaparición.
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Explicó que la “desaparición administrativa” ocurre cuando los cuerpos están bajo resguardo del Estado, pero la falta de debida diligencia impide restituirlos a sus familias.
En representación de la Fiscalía, Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, coordinador general jurídico y de Derechos Humanos, reconoció que la actuación institucional estuvo “plagada de omisiones y deficiencias”, lo que “nulificó” el derecho de la familia a una búsqueda efectiva.
Admitió que la falta de coordinación interna generó retrasos que impactaron gravemente en la localización de Julio César, y subrayó que su condición de discapacidad debió detonar un protocolo prioritario.
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