Persiste discriminación por embarazo y maternidad en la CDMX
A pesar de los avances legales y los marcos jurídicos existentes, el embarazo y la maternidad son las principales causas de exclusión y violencia laboral en la Ciudad de México, así lo revela el informe anual de resultados correspondientes al año 2025 del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).
Durante el año pasado, el organismo brindó un total de dos mil 255 atenciones ciudadanas, de las cuales se derivaron 150 expedientes de queja y 14 de reclamación, consolidando la demanda de mecanismos formales para atender actos de discriminación en la metrópoli.
Los datos arrojados por el Consejo permiten identificar patrones estructurales en los motivos de denuncia. La condición de salud encabezó la lista con 41 casos, seguida estrechamente por el embarazo con 29 expedientes. Otros motivos recurrentes incluyeron el género con 20 casos, la discapacidad con 19 y la identidad de género con 13 registros. El informe destaca que las mujeres continúan siendo el grupo que más reporta estos actos, representando el 55.35% del total de las atenciones.
Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del COPRED, advirtió que las cifras actuales son apenas una fracción de la problemática real. “El número de personas que vienen a denunciar es muchísimo menor a la realidad que sucede allá afuera, pues esta práctica discriminatoria está normalizada”, señaló, haciendo un llamado urgente a las personas gestantes para que acudan al Consejo si enfrentan represalias en sus empleos o al regresar de su licencia de maternidad.
La funcionaria enfatizó que el ámbito laboral es el espacio con mayor concentración de casos, donde persisten barreras que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Ante la persistencia de estas prácticas, el COPRED recomendó la creación de un espacio intersectorial que involucre al gobierno, sector empresarial, sociedad civil y academia. Entre las acciones prioritarias destacadas por la presidencia del Consejo se encuentra el fortalecimiento de las inspecciones laborales en empresas privadas con un enfoque de derechos reproductivos, así como el incremento de campañas de sensibilización y la implementación de capacitación obligatoria en materia de igualdad para empleadores de ambos sectores.
Asimismo, se planteó la necesidad de impulsar una reforma legal local que refuerce las sanciones por discriminación laboral y promueva sistemas de cumplimiento proactivo, como distintivos de igualdad laboral. Otras medidas incluyen el monitoreo con enfoque interseccional, la obligatoriedad de reportar la brecha salarial, el reforzamiento de los canales de denuncia y la evaluación de los impactos derivados de la pandemia por COVID-19, periodo en el que se registraron casos de especial gravedad.
Para concluir el informe, en el que también participaron Paola Ortiz Chávez, Coordinadora de Atención y Educación, y Sofía Pérez Sánchez, Subdirectora de Apoyo Jurídico, se presentaron dos nuevas herramientas digitales. Se trata de una compilación de Opiniones Jurídicas y un análisis sobre las Conciliaciones realizadas entre 2019 y 2024, insumos diseñados para orientar el diseño de políticas públicas y fortalecer la transparencia en el acceso a la justicia antidiscriminatoria en la Ciudad de México.
Más de Sandra Rojas
