El Gobierno de la Ciudad de México no planea utilizar la fuerza pública para desalojar a migrantes del campamento ubicado en la colonia Vallejo; sin embargo, sí planea convencerlos para que voluntariamente se retiren de ahí y encuentren alojamiento en albergues. Así lo sostuvo la mandataria capitalina, Clara Brugada.
En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la CDMX afirmó que las autoridades a su cargo tienen esta intención debido al peligro al que están expuestos estos extranjeros en la zona, y justificó que la motivación de ello es que la seguridad y dignidad de los migrantes que llegan o transitan por la entidad es algo que le concierne a su administración.
Secundada por el secretario de Gobierno, César Cravioto, explicó que el asentamiento se encuentra en la zona de vías de dicha colonia en Gustavo A. Madero, lo cual los expone a un considerable peligro, mientras que hay reportes sobre inseguridad en los alrededores.
“Ya no tenemos más que este lugar, todos los demás campamentos, hemos logrado que pasen a los albergues (…) sabemos que ellos no han querido hacerlo, sabemos que también hay temas de inseguridad en el lugar, o sea, no solo es que haya migrantes, sino que ya hemos visto situaciones mayores que están sucediendo; recordemos otros campamentos que también tenían ese problema. Entonces el objetivo no es hacer nada violento, sino en coordinación y platicado con ellos”, declaró Brugada.
“Así como queremos que traten a los migrantes de México en otros lados, así debemos tratar a los migrantes que vienen de otros países en la ciudad”, reflexionó la funcionaria.
El viernes pasado, la Coordinación de Atención a la Movilidad Humana de la Ciudad de México (CAMHCM) optó por posponer un operativo que inicialmente tenía previsto para desmantelar el campamento irregular de extranjeros, después de que medios nacionales reportaron que dicha dependencia desalojaría a los cientos de individuos asentados.
Es de señalar que el conocimiento público del plan de desalojo fue alertado por activistas y defensores de derechos humanos, quienes, entre otras cosas, advirtieron que las intenciones originales de la CAMHCM podrían exponer a los acampadores a mayores riesgos.
“Desalojar sin garantías reales de alojamiento digno y acceso a derechos y servicios expone a estas personas a mayores riesgos: rupturas de redes de apoyo, afectaciones a la salud, interrupción escolar y mayor precarización. El campamento no es una elección libre: es la consecuencia de la falta de vivienda accesible y de los obstáculos en el acceso a derechos”, expresó al respecto la Clínica Jurídica Alaíde Foppa, reconocida por la Organización Internacional de Migración.
