Interpone Morena denuncia contra Alessandra Rojo de la Vega
Ray Méndez, El Momento Metropolitano – Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentaron una denuncia formal ante la Contraloría capitalina contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por la asignación de contratos por casi 97 millones de pesos a un mismo grupo empresarial, revelados recientemente por la prensa.
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El vocero de Morena, Paulo Emilio García, acompañado por las diputadas Diana Sánchez Barrios, Ileana Sánchez y Leonor Otegui, así como por la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, Alicia Barrientos, señaló que la edil ha tenido “tiempo y oportunidades suficientes” para explicar el vínculo —si es que existe— con dicho grupo, pero en lugar de aclarar, ha optado por desviar la atención pública.
“No queremos pruebas antidoping, queremos pruebas anticorrupción”, advirtieron los legisladores, al subrayar que si la alcaldesa no pudo explicar estos contratos ante la opinión pública, ahora deberá hacerlo ante las autoridades competentes. Recordaron que se trata de recursos públicos, dinero de los vecinos de Cuauhtémoc, quienes —afirmaron— han expresado su preocupación en territorio.
Los diputados exigieron transparencia total sobre el destino de esos millones y señalaron que la Cuauhtémoc, por ser el centro político, económico y cultural de la capital, no puede seguir cargando con prácticas de opacidad. “No vamos a permitir que continúe”, sentenciaron.
Durante el posicionamiento, también se acusó que el esquema denunciado recuerda mecanismos de la llamada “Estafa Maestra”, al presuntamente beneficiar a empresas relacionadas entre sí, mediante concursos cerrados y sin entregables claros. Incluso, se señaló que la trayectoria profesional de Rojo de la Vega estaría ligada a estructuras del pasado priista, lo que —dijeron— hoy se refleja en su forma de operar.
Morena afirmó que la denuncia se sustenta en lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas, que prohíbe contratos cuando existen vínculos entre representantes legales. Confiaron en que la Contraloría investigará a fondo y exigieron que la alcaldesa dé la cara y explique por qué asignó casi 98 millones de pesos bajo ese esquema.
