Aplaza SCJN debate sobre reforma que afecta a desalojados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó por tiempo indefinido la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma que eliminó diversas protecciones para personas desalojadas en la Ciudad de México, entre ellas la obligación de reubicar a población vulnerable. La decisión se tomó tras las protestas y reclamos de colectivos, víctimas de desalojos y defensores de derechos humanos contra el proyecto de resolución.

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El retiro del asunto fue solicitado por la propia ministra María Estela Ríos, autora del proyecto cuestionado, según informó el secretario general de Acuerdos de la Corte, Daniel Álvarez Toledo, al inicio de la sesión del lunes 19 de enero, en la que originalmente estaba programado el debate de la acción de inconstitucionalidad 73/2019.

Horas antes del anuncio, personas afectadas por desalojos, así como organizaciones sociales, se manifestaron frente a la sede del máximo tribunal del país para exigir a las y los ministros rechazar el proyecto, al considerar que su eventual aprobación afectaría a capitalinos que han sido o podrían ser expulsados de sus viviendas como resultado de procesos judiciales.

La propuesta elaborada por la ministra Ríos plantea validar las modificaciones al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, reforma que eliminó obligaciones clave para las autoridades durante los desalojos, como la reubicación de personas en situación de vulnerabilidad para evitar que queden en la calle, la notificación previa a los afectados y la restricción del uso de la fuerza durante las diligencias.

Tras la difusión del proyecto, el Frente por la Vivienda Joven advirtió que su aprobación implicaría un retroceso en derechos fundamentales conquistados en 2019, luego de la presión de diversos colectivos que buscaban garantizar un trato digno y humano a las personas desalojadas.

De acuerdo con denuncias de este y otros grupos, la reforma que eliminó dichas protecciones habría sido impulsada bajo presiones del sector inmobiliario, lo que, sostienen, prioriza intereses económicos por encima del derecho a la vivienda y a la seguridad jurídica.

Entre quienes se sumaron a las protestas figuran personas desalojadas en agosto pasado del inmueble ubicado en República de Cuba número 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Desde hace aproximadamente cinco meses, estas familias mantienen un plantón frente al edificio que anteriormente habitaban, como medida de presión para que el Gobierno capitalino expropie el predio y les permita adquirirlo en condiciones justas.

La defensa legal de las personas afectadas sostiene que el desalojo se realizó con presuntas irregularidades, incluyendo posibles fraudes notariales y judiciales, por lo que continúan exigiendo la restitución de sus derechos y una solución que garantice su acceso a la vivienda.