Extorsión deja 2 mil denuncias en Edomex durante 2025
Antonio Pérez, El Momento Metropolitano – La extorsión, tal como el cobro de piso, es un delito que aqueja a cientos de ciudadanos en el Estado de México, ya que tan solo durante el 2025, se registraron – ante la Fiscalía del Estado – cerca de 2 mil denuncias, de ahí que esta entidad se encuentre entre las más golpeadas del país por este delito, cometido por las bandas del crimen organizado.
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Tan sólo en el último año, cerca de 9 mil 725 mexiquenses fueron a un ministerio público a denunciar que fueron víctimas de este delito, según la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
Debido a los altos índices de este crimen, el Congreso del Estado de México, aprobó recientemente la “Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados”, una reforma de amplio alcance que pretende enfrentar el delito de la extorsión.
La iniciativa fue presentada por la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, esto en concordancia con la reforma constitucional federal y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, lo que implica una armonización del marco jurídico estatal con el nacional.
De ahí que, uno de los ejes principales de las reformas es que la extorsión se perseguirá de oficio, lo que elimina la carga para las víctimas de presentar una denuncia formal, documento considerado como una de las principales barreras para combatir este delito por miedo a las represalias.
También, la ley establece la creación de un Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y los Delitos Vinculados, un órgano integrado por dependencias del Poder Ejecutivo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los municipios, con el objetivo de definir estrategias, lineamientos, acciones focalizadas y mecanismos de evaluación para enfrentar el delito en distintas regiones y sectores.
En tanto, la ley contempla el fortalecimiento institucional mediante la consolidación de una Fiscalía especializada en extorsión, delitos vinculados y secuestros, así como la capacitación, profesionalización y especialización de las corporaciones de seguridad.
