Antonio Pérez, El Momento Metropolitano – La zona oriente del Estado de México colapsó este martes y se transformó, durante horas, en un gigantesco estacionamiento. Operadores de la organización de transportistas “Rutas Hermanas” realizaron un megabloqueo simultáneo en vialidades estratégicas para denunciar lo que califican como una inseguridad asfixiante, así como una cadena de abusos y extorsiones que, aseguran, enfrentan todos los días para poder trabajar.
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La protesta no fue menor ni aislada. Desde las primeras horas de la mañana, alrededor de las 9:00 horas, decenas de unidades de transporte público y de carga cerraron el paso en arterias que conectan al Estado de México con la Ciudad de México, afectando a miles de automovilistas y usuarios del transporte público que quedaron atrapados durante varias horas.
Entre las vialidades más afectadas se encontraron la calzada Ignacio Zaragoza, la carretera México–Texcoco, la México–Cuautla y el Circuito Exterior Mexiquense, corredores fundamentales para la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y comerciantes. El bloqueo evidenció la fragilidad de la movilidad metropolitana y el impacto inmediato que tienen este tipo de protestas en una de las zonas más pobladas del país.
Inseguridad que ya no se puede ocultar
Las demandas de los transportistas no surgen de la nada. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y noviembre de 2025 se registraron 10 mil 446 robos al transporte público a nivel nacional, una cifra que confirma que circular por las calles se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Para los operadores, cada jornada laboral implica la posibilidad de ser asaltados, golpeados o incluso asesinados. “Salimos a trabajar sin saber si vamos a regresar”, han señalado en distintas ocasiones representantes del sector, quienes aseguran que la inseguridad no solo afecta su integridad física, sino también sus ingresos y la estabilidad de sus familias.
Denuncian red de extorsión y abusos
Además, en el centro del reclamo se encuentra la denuncia de una presunta red de corrupción integrada por operadores de grúas, administradores de depósitos vehiculares (corralones) y funcionarios vinculados a distintos niveles de gobierno local.
Los transportistas acusan que, tras cualquier incidente o infracción, se activa un esquema de cobros excesivos y extorsión, donde recuperar una unidad puede costar miles de pesos, sin claridad en tarifas ni garantías legales. A ello se suma una práctica aún más grave: el despojo de autopartes dentro de los corralones, sitios que deberían funcionar como espacios de resguardo bajo supervisión policial.
“Los vehículos entran completos y salen desmantelados”, denuncian los inconformes, quienes aseguran que las pérdidas económicas derivadas de estas prácticas son, en muchos casos, más severas que un asalto en la vía pública.
Tras más de dos horas de bloqueos en el Estado de México, realizado por al menos 25 empresas concesionarias del transporte público, el gobierno de la entidad y el gremio transportista “Rutas Hermanas” acordaron reunirse este jueves 15 de enero.
