Antonio Pérez, El Momento Metropolitano – En el Estado de México, una de las entidades más golpeadas por la violencia, se cocina un cambio legal que ha encendido el debate público. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió al Congreso local una iniciativa para eliminar el delito de extorsión del Código Penal mexiquense, una medida que, para críticos, podría representar un retroceso legislativo, y que para el gobierno estatal es un ajuste necesario para combatir el delito con mayor eficacia.
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La polémica no es menor. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2019 y 2025 la extorsión aumentó 20.8% a nivel nacional, y el Estado de México se ubica entre las cuatro entidades que concentran el 57.8% de los casos, una realidad que ha golpeado a comerciantes, transportistas y familias enteras.
Desde que se conoció la propuesta, surgió una pregunta central: ¿Desaparecer la figura penal de extorsión implica dejar el delito sin castigo? La respuesta del gobierno mexiquense es no. La iniciativa de Delfina Gómez busca homologar la legislación local con la estrategia federal, que recientemente aprobó una Ley General contra la Extorsión para unificar criterios en todo el país.
En ese contexto, la mandataria plantea derogar el tipo penal local para dar paso a una ley estatal específica que regule de manera integral la prevención, persecución y sanción de la extorsión y delitos vinculados, bajo los lineamientos federales. El objetivo, argumenta el Ejecutivo estatal, es cerrar vacíos legales, evitar duplicidades y fortalecer la coordinación interinstitucional.
Nueva estrategia y más instituciones
La iniciativa no se limita a un cambio de redacción en el Código Penal. El proyecto contempla la creación de un Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión y Delitos Vinculados, así como el diseño de una estrategia estatal enfocada en este ilícito.
Además, se propone crear y operar una Fiscalía Central Especializada en Combate a la Extorsión, instalar inhibidores de llamadas celulares en todos los centros penitenciarios del estado uno de los principales orígenes de las extorsiones telefónicas y establecer un Centro de Atención de Denuncias, con el fin de facilitar que las víctimas reporten el delito sin temor a represalias.
Críticas y alertas
Pese a estas explicaciones, especialistas y actores políticos han levantado alertas. Señalan que, en un contexto donde la extorsión crece y se diversifica desde llamadas telefónicas hasta cobros de piso, eliminar el delito del Código Penal local podría generar confusión jurídica durante el proceso de transición y abrir la puerta a interpretaciones laxas.
También advierten que el Edomex, por su tamaño y complejidad, requiere medidas extraordinarias, no solo ajustes legales. “El problema no es cómo se llama el delito, sino la capacidad real del Estado para investigar, proteger a las víctimas y castigar a los responsables”, han señalado analistas en seguridad.
El trasfondo federal
El movimiento del gobierno mexiquense se explica por una decisión tomada a nivel nacional. En octubre pasado, el Congreso de la Unión aprobó expedir una ley general para homologar el delito de extorsión en todo el país, misma que entró en vigor en noviembre. A partir de ello, las entidades federativas deben ajustar su marco jurídico.
Bajo ese argumento, Delfina Gómez sostiene que su propuesta no elimina el combate a la extorsión, sino que busca hacerlo más agresivo y eficiente, alineando al Estado de México con la política federal.
Mientras la iniciativa avanza en el Congreso local, el debate sigue creciendo. Para algunos, se trata de una decisión técnica necesaria; para otros, de una apuesta arriesgada en una entidad donde la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas a la estabilidad social y económica.
