Congreso CDMX propone el 7 de agosto como “Día del Comerciante Popular”
Barrios aclaró que la iniciativa no se contrapone al Día Nacional del Pequeño Comerciante, sino que lo complementa.
Por Ray Méndez.
El Congreso de la Ciudad de México propuso que cada 7 de agosto se conmemore el “Día del Comerciante Popular”, una decisión que busca reconocer a más de 2 millones de personas que trabajan en el espacio público en la capital, quienes aportan de manera cotidiana a la economía barrial y a la vida cultural de la ciudad.
La iniciativa fue presentada en tribuna por la diputada Diana Sánchez Barrios, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, quien subrayó que el comercio popular ha sido tratado durante décadas como un problema a erradicar, ocultar o castigar.
“Hoy proponemos reconocer, dignificar y resignificar. Reconocer que la ciudad nació comerciando y se transformó comerciando”, expresó.
Sánchez Barrios enfatizó que el comercio popular es un sector históricamente indispensable para la vida de la capital, pero sistemáticamente criminalizado.
Recordó que antes de la Conquista, el Valle de México se organizaba alrededor de tianguis, mercados y canales, lo que demuestra que la vocación comercial popular es fundacional y no marginal.
“Esta iniciativa no nace de una ocurrencia ni de un gesto simbólico aislado, sino de una realidad estructural: de una deuda histórica del Estado con el pueblo trabajador que sostiene la economía cotidiana de la Ciudad de México”, afirmó.
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Durante su discurso, la legisladora lamentó que en la sociedad actual persistan opresiones de origen colonialista, donde discursos de “orden”, “higiene” y “progreso” han sido utilizados para criminalizar prácticas comerciales que sostienen la vida diaria.
Señaló que esta discriminación impacta de manera interseccional a mujeres jefas de hogar, población indígena y migrante interna, comunidades de la diversidad sexual y de género, personas mayores y juventudes excluidas del empleo formal.
La diputada advirtió que asociar el comercio popular con ilegalidad sin analizar las causas estructurales que llevan a miles de personas a esta forma de trabajo genera consecuencias graves: desalojos, violencia institucional, precarización y ausencia de garantías jurídicas.
“Quienes venden en el espacio público no son un problema, son sujetos de derechos. Son personas valiosas, preparadas, honestas y profesionales que han sostenido a sus familias y comunidades por generaciones”, sostuvo.
Barrios aclaró que la iniciativa no se contrapone al Día Nacional del Pequeño Comerciante, sino que lo complementa y amplía desde la realidad específica de la Ciudad de México.
“Aquí hablamos de comercio popular, del que ha sido históricamente excluido del reconocimiento institucional, pese a su aportación fundamental a la economía barrial, la cohesión social y el ejercicio del derecho al trabajo”, explicó.
La legisladora reiteró que la propuesta es un acto de memoria pública y justicia social. “No puede haber una ciudad de derechos si seguimos negando derechos a quienes la sostienen todos los días”, concluyó, al destacar que el decreto busca abrir un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y el comercio popular, reconociendo su papel esencial en la construcción de una ciudad incluyente y con vocación comunitaria.
