Venezuela aprueba ley que contempla hasta 20 años de prisión por piratería y bloqueos al comercio internacional

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería, Bloqueo y otros Actos Ilícitos Internacionales, una normativa que busca fortalecer la defensa del comercio marítimo y reafirmar los compromisos asumidos por el país en tratados internacionales sobre navegación ratificados por el Estado venezolano.

El texto legal, remitido al presidente Nicolás Maduro para su promulgación, establece sanciones penales severas para quienes promuevan, financien o participen en acciones de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales que afecten a personas jurídicas que mantengan operaciones comerciales con la República y sus entidades. Las penas contempladas van de 15 a 20 años de prisión, además de multas calculadas entre 100 mil y un millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro calificó la normativa como una ley especial destinada a garantizar el cumplimiento de los convenios internacionales que prohíben ataques contra buques, actos de piratería y delitos asociados al comercio global. Asimismo, comparó su alcance con la Ley Antibloqueo, aprobada en 2020, que permitió al Estado venezolano implementar mecanismos para enfrentar las restricciones externas al intercambio comercial, particularmente en sectores estratégicos.

En el plano político y de seguridad regional, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, emitió una advertencia directa a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, al señalar que Venezuela respondería si el territorio trinitense llegara a ser utilizado para acciones hostiles contra el país. Cabello, quien también funge como secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, subrayó que la nación ha mantenido una postura de paz, pero no descartó medidas de respuesta ante posibles agresiones.

La advertencia se produce tras declaraciones de Persad-Bissessar en las que justificó el uso de infraestructuras aeroportuarias y la instalación de un radar militar por parte de fuerzas de Estados Unidos, en el marco de lo que definió como acciones defensivas. Este contexto coincide con el despliegue militar estadounidense en el sur del Mar Caribe, una región de alta sensibilidad geopolítica para Venezuela debido a su cercanía territorial y a las tensiones derivadas del comercio y la seguridad marítima.

Con la aprobación de esta nueva ley, el gobierno venezolano refuerza su marco jurídico frente a amenazas externas y actos ilícitos internacionales, al tiempo que envía un mensaje político sobre la defensa de su soberanía y de sus intereses comerciales en el ámbito marítimo.