¿Cómo transformará la nueva reforma de vivienda el acceso a hogares en México?
El gobierno de Claudia Sheinbaum está impulsando una ambiciosa reforma constitucional en materia de vivienda, con el objetivo de construir un millón de viviendas a bajo costo y garantizar el derecho a un techo para las familias mexicanas. Esta iniciativa será discutida en el pleno del Senado y promete cambios significativos en la forma en que se accede a la vivienda en el país.
La reforma propone modificar el artículo 123 de la Constitución, permitiendo que el Fondo Nacional de Vivienda (Infonavit) establezca un sistema de vivienda con orientación social. Esto facilitará que los trabajadores obtengan créditos accesibles para la compra o mejora de sus hogares. Además, se establece que todas las empresas deberán realizar aportaciones a este fondo, contribuyendo a la construcción de viviendas para los trabajadores.
“El fondo establecerá un sistema de vivienda que permita obtener créditos baratos y suficientes. También podrá adquirir terrenos y construir viviendas, de acuerdo con lo que la ley determine”, señala el proyecto de reforma. Esto ampliará las facultades del Infonavit, convirtiéndolo en una especie de constructora pública.
Desde el aspecto económico, la reforma permitirá que, tras un año de cotización, los trabajadores accedan a viviendas en arrendamiento, con pagos que no excedan el 30% de su salario. Esto está diseñado para que el costo de la vivienda sea asequible, especialmente para aquellos que enfrentan dificultades económicas.
La presidenta Sheinbaum subrayó que la iniciativa busca beneficiar tanto a los derechohabientes del Infonavit como a quienes no lo son. Se dará prioridad en el acceso a la vivienda a aquellos trabajadores que han aportado de manera continua al fondo y no cuentan con un hogar propio. La reforma también incluirá mecanismos para evitar la discrecionalidad en el acceso a estos derechos.
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Se estima que, del millón de viviendas proyectadas para el actual sexenio, alrededor de 165,000 estarán listas en 2025, incluyendo opciones de renta que beneficiarán particularmente a jóvenes con ingresos limitados.
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, destacó que esta reforma “resuelve el enorme problema de establecer la responsabilidad directa del Estado para asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a una vivienda digna y adecuada”, lo que contribuirá a disminuir la pobreza y la desigualdad en el país.
El Programa de Vivienda y Regularización, parte de esta iniciativa, contempla una inversión de 600,000 millones de pesos (aproximadamente 29,921 millones de dólares) para impactar positivamente todas las regiones de México.
Con esta reforma, el gobierno busca no solo mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos, sino también impulsar un desarrollo urbano más equitativo y sostenible en el país.
