Este martes, el presidente Biden firmó una proclamación que establece el cierre temporal de la frontera entre Estados Unidos y México en los puertos de entrada oficiales, en respuesta al aumento de cruces ilegales diseñado para dificultar las solicitudes de asilo. Según la nueva normativa provisional de la administración Biden, el presidente puede implementar restricciones fronterizas cuando el promedio de arrestos supere los 2,500 migrantes durante siete días consecutivos, como es el caso en la actualidad.
Esta medida también eleva el estándar para la solicitud de asilo en la frontera. Las restricciones estarían vigentes hasta que el número de cruces detenidos cayera por debajo de 1,500 durante más de una semana. Estas acciones, según altos funcionarios de la administración que prefirieron permanecer en el anonimato, buscan acelerar las consecuencias para aquellos que crucen ilegalmente y permitir la expulsión más rápida de aquellos que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos.
La proclamación no se aplicaría a aquellos que ingresen por los puertos de entrada oficiales o utilicen otros medios legales, ni a ciertos grupos como los niños no acompañados o las víctimas de trata. Los funcionarios de la administración han defendido estos esfuerzos para asegurar la frontera, destacando el aumento en las devoluciones de inmigrantes en el último año y señalando la responsabilidad del Congreso en el fracaso de aprobar una legislación que brinde más recursos para controlar la frontera.
Sin embargo, la decisión ha generado críticas tanto de la derecha como de la izquierda. Algunos, como el senador Alex Padilla de California, argumentan que socava los valores estadounidenses y las obligaciones de ofrecer refugio a aquellos que huyen de la persecución.
Por otro lado, grupos como la ACLU planean impugnar la orden ejecutiva en los tribunales, argumentando que limita el derecho legal e internacional de solicitar asilo, similar a las políticas impulsadas por la administración Trump.
A pesar de los esfuerzos de Biden por revertir las políticas más duras de su predecesor, los cruces fronterizos y los arrestos han aumentado desde que asumió el cargo.
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Este tema sigue siendo uno de los desafíos más complejos y polémicos de su administración, tanto en términos prácticos como políticos, y ha sido objeto de críticas tanto de la oposición como de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
