En México existen más de 6 mil empresas de seguridad privada, pero el 35% no están reguladas (alrededor de 2 mil 100), por lo que es necesario expedir la Ley General de Seguridad Privada, señaló la diputada Rocío Reza Gallegos (PAN), secretaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa, acompañada de Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), dijo que falta voluntad política de los grupos parlamentarios para avanzar en el tema, ya que la iniciativa aún no ha sido dictaminada en la Comisión de Seguridad Ciudadana, a pesar de que se cuenta con los elementos para que avance en el proceso legislativo.
“Existe una competencia desleal dentro de este sector, puesto que hay algunas empresas que están totalmente cumpliendo con toda la regulación, y las que no cumplen, éstas que dan esta pésima imagen, que ahí andan, de alguna manera operando sin esas regulaciones necesarias, y afectan a todo el gremio con esta imagen que están brindando. Todas las empresas que sí cumplen con esa regulación, están sufriendo la doble tributación de los estados y los municipios”, expresó.
Refirió que también se busca regular a las policías auxiliares y complementarias, como el Cuerpo de seguridad auxiliares del estado de México (Cusaem), el Servicio de Protección Federal y algunas policías auxiliares a nivel municipal.
Detalló que el proyecto de ley también pretende regular el uso de armas para los cuerpos de seguridad privada, ya que actualmente utilizan armas de uso exclusivo del Ejército.
Por su parte, Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), aseguró que es necesaria la ley en la materia “para ser más efectivos en esta materia”, por lo que llamó a los grupos parlamentarios a dejar de lado sus diferencias para apoyar la legislación.
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“La seguridad en el país, al igual que la seguridad privada, no es un tema de color, ni de partido político, es un tema de necesidad social, es un tema de necesidad, también, de las y los empresarios que exigen generar certeza jurídica a este gremio”, dijo.
Añadió que la regulación de la seguridad privada también beneficiará a aproximadamente 500 mil elementos de empresas que no está reguladas, y a quienes utilizan los servicios de seguridad privada.
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“Estamos en deuda con el país, con la clase trabajadora de la seguridad privada, porque no hemos dado cumplimiento a que se expida una ley de carácter general en materia de seguridad privada. Que con ello genere seguridad jurídica y social a la clase trabajadora, que también se genere seguridad a los prestatarios, es decir, a quienes demandan estos servicios de seguridad privada”, comentó.
Sin embargo, señaló que “es inalcanzable, si no existe la voluntad política y jurídica de poder dar cumplimiento a un mandato de carácter constitucional”.
